Conformidad legal, Medioambiente y Sostenibilidad

Diligencia debida en la UE: cambios a nivel europeo

Ámbito de aplicación e importancia de la propuesta para las empresas europeas

8 minutos 26/05/2022

Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) proporcionan un conjunto de directrices para una economía global más acorde con los derechos humanos. Esto, sumado a la reciente publicación de la propuesta de Directiva de diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa del Parlamento Europeo, ha hecho que varios países hayan desarrollado ya sus propias leyes al respecto a nivel nacional. Sin embargo, el ritmo de aplicación y el contenido de las propuestas presentadas y adoptadas en los distintos Estados nacionales difieren considerablemente. Los Países Bajos y Francia fueron de los primeros países en introducir las directrices correspondientes, mientras que Portugal sigue sin un plan general de aplicación. En Alemania, la nueva Ley de la Cadena de Suministro (Lieferkettengesetz) también se conoce como Ley del Deber de Cuidado. En marzo de 2021 se aprobó un proyecto de ley gubernamental que se convirtió en ley en julio de 2021.

Por su parte, en España, se ha cerrado recientemente la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales. Debido a los diferentes enfoques adoptados por los distintos países, también existen grandes diferencias en la forma en que se aplican las directrices en la práctica. En Francia, por ejemplo, la nueva legislación impone a las grandes empresas un amplio deber de diligencia en relación con los derechos humanos y las cuestiones medioambientales. La ley holandesa, en cambio, sólo aborda los derechos del niño y el trabajo infantil. Las discrepancias en estos marcos legales podrían poner en peligro objetivos generales tales como la eliminación de las desventajas competitivas.

Directiva europea sobre diligencia debida: en qué punto se encuentra

En abril de 2020, Didier Reynders, Comisario de Justicia de la UE, anunció los planes de la Unión Europea para introducir una amplia legislación sobre esta cuestión. El objetivo del proyecto de ley es obligar a las empresas a garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos humanos y las normas medioambientales. También pretende establecer sanciones y procedimientos de reclamación para las partes afectadas. Poco menos de un año después, el Parlamento Europeo votó una propuesta de Ley de Diligencia Debida de la UE. El Parlamento Europeo aprobó un informe de iniciativa legislativa con una mayoría de 504 de los 695 votos totales, en el que se pide la adopción de una ley que garantice que las empresas estén obligadas a ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. El informe de iniciativa es una recomendación a la Comisión Europea para que introduzca una ley al respecto. En un principio, la Comisión Europea tenía previsto presentar una propuesta legislativa en junio de 2021, pero se retrasó y no se presentó hasta febrero de 2022.

Leyes de diligencia debida: una comparativa europea

En 2011, cuando se estableció el principio de diligencia debida en materia de derechos humanos en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, no se impuso ninguna normativa o ley vinculante a las empresas. La transposición de leyes nacionales y de la UE están cambiando esta situación.

La siguiente tabla presenta una comparativa entre la actual propuesta de ley española y la Directiva europea: 

 

UE

 España

Denominación

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/193

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA SOSTENIBILIDAD Y DE LA DILIGENCIA DEBIDA EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES TRANSNACIONALES

Entrada en vigor

Previsiblemente a partir de 2024

Previsiblemente durante 2025

Empresas obligadas

Todas las empresas, independientemente de su tamaño (si cotizan en bolsa o tienen operaciones en un área de alto riesgo, por ejemplo, materias primas, industria textil); las empresas domiciliadas en terceros países también son responsables de las operaciones en áreas consideradas de alto riesgo

Todas las empresas o grupos transnacionales españoles, y empresas con carácter transnacional que operen en el mercado español

Aspectos clave

Deber de diligencia vinculante para las empresas en relación con los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las condiciones de trabajo

Obligación sujeta al derecho público e incluso al derecho penal  

Amplio alcance del deber de diligencia. Las empresas están obligadas a realizar un análisis activo de los riesgos potenciales a lo largo de toda su cadena de valor, no sólo en sus propias operaciones y proveedores directos, sino también en sus filiales

Prohibición de importar productos asociados con el trabajo forzado

 

Carácter vinculante y general  de la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y medioambientales en el conjunto de las actividades desarrolladas a lo largo de sus cadenas globales de valor

Regulación de un sistema de infracciones y sanciones (no especificadas).

Amplio alcance del deber de diligencia. Acceso a la justicia ante los tribunales españoles, independientemente del lugar en el que se haya cometido la vulneración de personas y comunidades

Persecución de prácticas de competencia desleal que afecten a las empresas españolas que aplican estándares rigurosos de respeto de los derechos humanos y ambientales

 

La propuesta de directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas

El 23 de febrero de 2022, la Comisión de la UE adoptó una resolución de un proyecto de ley para afianzar las prácticas de sostenibilidad en las cadenas de suministro mundiales. El proyecto pretende obligar a las empresas a asegurar la sostenibilidad de sus actividades globales ejerciendo la debida diligencia con respecto al respeto de los derechos humanos, a la eliminación del trabajo infantil y de la explotación de los trabajadores, así como a la mitigación del impacto medioambiental. De este modo, las cadenas de suministro de las empresas serán más transparentes para los consumidores y las empresas de toda la UE operarán en las mismas condiciones competitivas.

La propuesta distingue dos grupos de empresas:

  • Grupo 1: empresas de responsabilidad limitada de la UE con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocios neto en el último ejercicio.
  • Grupo 2: otras sociedades anónimas que operen en industrias de uso intensivo de recursos con más de 250 empleados y un volumen de negocios neto de 40 millones de euros en todo el mundo.

La directiva también afectaría a empresas de terceros países con actividades en la UE con un umbral de volumen de negocios generados en la UE que se ajusten a los criterios de los Grupos 1 y 2. 

El proyecto de ley presentado incluye requisitos concretos para las empresas. A modo de ejemplo, deben incluir prácticas de diligencia debida en sus directrices corporativas. En primer lugar, las empresas deben identificar los daños que sus actividades empresariales causan al medio ambiente o a los derechos humanos. A continuación, deben prevenirlos, reducirlos o mitigarlos de otro modo. Las sociedades y grupos empresariales deben, además, establecer métodos para monitorizar la eficacia de las medidas que aplican. Por último, deben establecer un procedimiento de reclamación y también comunicar públicamente cómo están cumpliendo sus obligaciones de diligencia debida.

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Críticas a la directiva de diligencia debida

La introducción de una legislación sobre diligencia debida a nivel europeo se ha convertido en un proceso largo y con un gran margen para la crítica. Aunque cada vez son más los expertos que admiten que se han hecho avances prometedores, también dudan de la viabilidad del control de la cadena de suministro. Aunque cada vez se reclama con más fuerza una ley que obligue a las empresas a responsabilizarse de las crisis climáticas, los abusos de los derechos humanos y las explotaciones que se produzcan en sus cadenas de valor, la propuesta actual sigue conteniendo lagunas. Sólo un 0,2% de las empresas de la UE se verían afectadas por la directiva. Además, no sería complicado eludir la responsabilidad civil.

Resumen y futuro de la normativa

La Directiva de Diligencia Debida de la UE, que se introducirá en toda Europa en un futuro próximo, supondrá nuevos retos para las empresas. Las empresas que adopten un enfoque proactivo y pongan en práctica medidas preventivas para cumplir con la normativa, reducirán notablemente su carga de trabajo más adelante. Con un borrador de la ley en estudio desde el 23 de febrero de 2022, la Comisión de la UE está abordando ahora el diseño de las medidas concretas.

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