8 minutos 26/05/2022
Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) proporcionan un conjunto de directrices para una economía global más acorde con los derechos humanos. Esto, sumado a la reciente publicación de la propuesta de Directiva de diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa del Parlamento Europeo, ha hecho que varios países hayan desarrollado ya sus propias leyes al respecto a nivel nacional. Sin embargo, el ritmo de aplicación y el contenido de las propuestas presentadas y adoptadas en los distintos Estados nacionales difieren considerablemente. Los Países Bajos y Francia fueron de los primeros países en introducir las directrices correspondientes, mientras que Portugal sigue sin un plan general de aplicación. En Alemania, la nueva Ley de la Cadena de Suministro (Lieferkettengesetz) también se conoce como Ley del Deber de Cuidado. En marzo de 2021 se aprobó un proyecto de ley gubernamental que se convirtió en ley en julio de 2021.
Por su parte, en España, se ha cerrado recientemente la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales. Debido a los diferentes enfoques adoptados por los distintos países, también existen grandes diferencias en la forma en que se aplican las directrices en la práctica. En Francia, por ejemplo, la nueva legislación impone a las grandes empresas un amplio deber de diligencia en relación con los derechos humanos y las cuestiones medioambientales. La ley holandesa, en cambio, sólo aborda los derechos del niño y el trabajo infantil. Las discrepancias en estos marcos legales podrían poner en peligro objetivos generales tales como la eliminación de las desventajas competitivas.
